A 65 años del voto de la mujer en México y la paridad de género



Ciudad de México.- El pasado 3 de julio conmemoramos 65 años desde que, en 1955 les fuera reconocido su derecho al voto a las mujeres mexicanas para la elección de diputados federales de la XLIII Legislatura, materializándose una promesa de campaña que hiciera en su oportunidad el entonces candidato presidencial Adolfo Ruíz Cortines.



El sufragio femenino significó, en parte, el reconocimiento a un derecho fundamental consagrado hoy en nuestra Constitución Política Federal: la igualdad entre el género femenino y el masculino en la participación política.



Sin embargo, tuvieron que pasar 24 largos años para que, hasta 1979 una mujer lograra obtener un puesto importante como lo fue Griselda Álvarez, quien fuera Gobernadora del Estado de Colima que, durante la toma de posesión de su encargo manifestara: “vivamos un tiempo nuevo de plena igualdad con los hombres; sin privilegios que no requerimos, pero sin desventajas que no merecemos”.



En este sentido, la igualdad de derechos entre hombres y mujeres ha sido un proceso a cuenta gotas; largo y tortuoso, pues recordemos tan sólo las llamadas “cuotas de género” que, por ejemplo, que en 1966 la legislación electoral establecía un 70% de candidatas a legisladores de un mismo género, es decir, una proporción de 70-30. Para 2007 transitamos a las “cuotas” de una proporción del 60-40, es decir, la mujer se encontraba relegada para ocupar los principales cargos de representación popular y, con ello, su casi nulo acceso al poder político.



En 2008 la legislación incorpora la llamada “equidad de género” donde se integraba el concepto de “paridad de género”, pero al prevalecer en la legislación electoral la palabra “procurará” los partidos siempre “procuraron” cumplir con dicha “paridad” que, por diversos motivos nunca alcanzaron, por lo que la ley se convirtió en sólo un buen deseo.



La lucha continuó sobre todo por las mujeres por alcanzar algo que es fundamental en un Estado de Derecho: la igualdad obligaciones y derechos entre hombres y mujeres. Parece muy simple pero no lo ha sido.



A esta lucha se sumaron diversas instancias principalmente de la sociedad civil, así como las propias autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales quienes con diversos acuerdos los primeros y sus resoluciones los segundos, construyeron cimientos firmes y sólidos que sirvió para empujar a nuestras instancias de interés público: los partidos políticos a que, finalmente, en 2014, con una reforma constitucional en materia político electoral, establecieran el principio de paridad entre los géneros en candidaturas a legisladores federales y locales.



Con una nueva normatividad electoral, los procesos electorales federales de 2015 y 2018 han sido los canales institucionales que han ido consolidando dicha paridad de género.



La incorporación del precepto de “violencia política en razón de género” es otro referente importante por alcanzar plenamente y proteger dicha paridad de género.



Por ello, justamente la armonización entre dicha paridad y la violencia de género en términos de lo dispuesto por el artículo 105 constitucional ha seguido también un camino difícil que, algunas entidades ponen como excusa la “contingencia sanitaria” y otras la han cumplimentado parcialmente. Por ello, es de llamar la atención principalmente entidades como San Luis Potosí y la Ciudad de México que no cumplieron con esta obligación legal ubicándose en sentido contrario al impulso social y político por alcanzar la igualdad plena de derechos entre hombres y mujeres.



Ahora bien, tenemos en puerta la elección más grande de nuestra historia en donde, a nivel federal se renovará la Cámara de Diputados, además, a nivel local, 15 gubernaturas estarán en juego y en las 32 entidades federativas del país celebrarán unas la renovación de su Congreso local y de sus autoridades municipales y otras, sólo tendrán elecciones para la renovación de ayuntamientos.



Consecuentemente, 2021 deberá ser, con el acompañamiento de las autoridades electorales administrativas fijando los criterios respectivos, y las autoridades jurisdiccionales continuando con la fortaleza de sus resoluciones con perspectiva de género, una gran oportunidad para que, como país, logremos alcanzar finalmente una autentica representatividad en materia de paridad de género.



¡Hasta la próxima!



@fdodiaznaranjo



diaznaranjo.fernando@gmail.com

  • Fernando Díaz Naranjo

    Fernando Díaz Naranjo

    Licenciado en Ciencia Política y Maestro en Periodismo Político. Servidor público por más de 23 años. Entre sus múltiples cargos destaca el haberse desempeñado como consejero electoral propietario del consejo general del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Es profesor de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y colaborador en los medios digitales México Social, La Silla Rota, así como de los Diarios El Universal y Capital CDMX.